LA REPÚBLICA 14 DE JULIO

CORRUPCIÓN EN EL PERÚ Y EL MUNDO

Martín Tanaka

Sabemos que la corrupción es un problema muy serio en nuestro país; también que en muchos otros se sufre del mismo problema. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto general? Acaba de salir publicado el Global Corruption Barometer 2013, de Transparencia Internacional, con información muy útil de 107 países de todo el mundo, resultado de la aplicación de encuestas de opinión, realizadas entre setiembre de 2012 y marzo de este año.

Cuando se pregunta por pago por coimas en los últimos doce meses, Sierra Leona aparece en primer lugar, con un 84%; Perú en el puesto 51, con 20%, esta vez por debajo del promedio global, de 27%. Cuando se pregunta si es que el país es regido por pocas grandes entidades que actúan a su favor y no a favor del interés general, Perú aparece mejor, en el puesto 84, con un 42% que percibe que eso es así en gran medida (29%) o completamente (13%). Ordenados los países de la región según el grado de “captura” por grandes intereses, el orden es el siguiente: Paraguay (en un nivel cercano al de Italia), Argentina (cercano a España), Chile (cercano a Estados Unidos), México (cercano a Egipto y Filipinas), Bolivia, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, Perú y Uruguay. Este dato sugiere que en Perú se vincula la corrupción reciente más a problemas de prestación de los servicios cotidianos que a la “captura” por grandes intereses, sin dejar de ser esto un tema relevante.

¿Qué hacer? Cuando se pregunta si las personas comunes pueden hacer que las cosas cambien en la lucha contra la corrupción, los peruanos aparecemos como voluntaristas: un 82% está de acuerdo con esa afirmación, y ocupamos el puesto 20 a nivel global. Sin embargo, cuando se pregunta si se estaría dispuesto a participar en varias acciones concretas, caemos al puesto 55, aunque seguimos por encima del promedio global.

PARA QUE LA REFORMA NO SE PIERDA POR SOBERBIA

Rosa María Palacios

Pretender impulsar una Reforma del Estado sin tocar el régimen laboral público es como pretender hacer cebiche sin limón. No se puede. Sin embargo, durante más de veinte años el Estado ha estado reformándose a sí mismo sin tocar a profundidad este tema central. Así, para salvar el día a día, se superpusieron regímenes laborales, se perforaron prohibiciones y se salió de la urgencia con medidas transitorias que duraron por siempre.

Un primer obstáculo fue el sistema pensionario del Estado, conocido como la “Ley de Cédula Viva”. Los ministros de Economía no querían oír hablar de una reforma laboral si es que primero no se rompía el efecto espejo entre trabajadores activos y pensionistas. Roto el  espejo hace ya varios años, con una reforma constitucional ampliamente debatida que generó enormes consensos, se esperaba una reforma laboral pública seria.

El Estado ha sido, y aún es, el más salvaje promotor de la informalidad laboral. Jamás se le ha permitido hacer al sector privado lo que se ha hecho con los trabajadores del sector público. Los llamados contratos por “servicios no personales” que luego de convirtieron en contratos de administración de servicios (CAS) fueron calco de la ilegal y perseguida “contratación por recibo” del sector privado. Trabajas, recibe un pago único y punto.

Posteriormente se han reconocido algunos, pocos, derechos laborales para este grupo.

Es una reforma justa y necesaria, como decimos en misa. Sin embargo, la arrogancia de no querer debatir algunos aspectos importantes de esta ley en un foro mayor puede terminar destruyendo la reforma en el Tribunal Constitucional. Y esto puede ocurrir pronto.

Hay una condición esencial para hacer Reforma del Estado. Esa es la gente con la que cuentas. Sin el recurso humano de tu lado no hay forma de reformar nada. Eso es algo que cualquiera que ha pasado 5 minutos por el Estado sabe. Si no se gana a los trabajadores para la reforma, los primeros en boicotearla, aun pasivamente, serán ellos mismos. Y la esperada reforma laboral pública será, otra vez, papel mojado en tinta.